La defensora pública, abogada Simona Concepción Castillo López, argumentó que durante el proceso se evidenciaron varias falencias en la investigación, como la ausencia de la presunta víctima en el juicio, la falta de pruebas objetivas sobre la escena del hecho y la inexistencia de testigos presenciales que confirmaran la acusación.
El Tribunal de Sentencia de Amambay, mediante la Sentencia Definitiva N.° 47, emitida el 10 de julio de 2026, resolvió que no se pudo comprobar la existencia del hecho ni la responsabilidad del acusado.
Por esta razón, el tribunal dispuso la absolución de culpa y pena, además de ordenar su inmediata libertad, aplicando los principios de presunción de inocencia y la duda razonable establecidos en el debido proceso.