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Tribunal de Sentencia de Amambay condena a 28 y 18 años a autores de doble homicidio ocurrido en Capitán Bado
El Tribunal estuvo integrado por los magistrados Librada Beatriz Peralta Céspedes, quien presidió el juicio, y los jueces Marcelina Quintana de Acosta y Mario Francisco Peralta Ovelar.
Luego de escuchar los alegatos finales desde las 15:00 horas, el Tribunal pasó a deliberar y finalmente dictó sentencia aproximadamente a las 19:00 horas, concluyendo que quedó plenamente probada la existencia del hecho punible y la autoría de los acusados.
El hecho
El crimen juzgado ocurrió el 28 de mayo de 2021, aproximadamente a las 10:30 horas, sobre la Ruta N.º 11 “Juana María de Lara”, en la colonia Mariscal López del distrito de Capitán Bado, donde fueron asesinados Óscar Rafael Pereira Giménez y Alejandro Riveros Vargas.
Las víctimas fueron atacadas con disparos de arma de fuego en un hecho que, según la investigación, se enmarca dentro de episodios de violencia criminal registrados en la zona de frontera.
Pruebas determinantes en el juicio
Durante el desarrollo del juicio oral y público, el Tribunal valoró diversas pruebas testimoniales, documentales y evidencias materiales que permitieron reconstruir lo ocurrido.
Entre los elementos probatorios más relevantes se destacó la declaración testimonial anticipada de uno de los testigos presenciales del ataque, incorporada conforme a las reglas procesales.
También fue fundamental la declaración del comisario López Balbuena, quien aportó información relevante sobre la investigación y los hechos posteriores al ataque.
Asimismo, la acusación fue corroborada mediante pruebas documentales, inspecciones y otros medios de prueba incorporados durante el debate.
De acuerdo con lo demostrado en el juicio, al momento de producirse los disparos las víctimas colisionaron con la motocicleta utilizada por los autores, lo que provocó lesiones en los brazos y en la rodilla del acusado Fernando Villa Alta Torales.
Dichas lesiones fueron posteriormente verificadas mediante inspección y coincidieron con las constancias obrantes en autos, lo que constituyó un elemento relevante de corroboración.
Evidencia clave contra uno de los acusados
Durante el juicio también se comprobó que Alberto Javier López Ayala conducía la motocicleta utilizada para la ejecución del crimen, ejerciendo dominio del hecho.
Uno de los elementos materiales que lo vinculó directamente con el lugar del ataque fue un zapato que quedó en la escena del crimen.
El calzado fue incorporado como evidencia durante el juicio y, a solicitud del Ministerio Público, el acusado fue requerido a probarlo ante el Tribunal, comprobándose que coincidía perfectamente con su pie, lo que reforzó su vinculación con el hecho.
Argumento de la defensa
La defensa de Alberto López Ayala sostuvo que en la época del crimen el acusado se encontraba en la ciudad de Luque, donde supuestamente cursaba estudios para convertirse en piloto.
Sin embargo, la constancia remitida por el instituto correspondiente demostró que el acusado solo había asistido a algunas clases y que no completó el módulo ni las clases prácticas o teóricas, lo que debilitó dicha versión defensiva.
Las condenas
Luego de valorar integralmente todas las pruebas producidas durante el juicio oral, el Tribunal resolvió:
• Condenar a Fernando Villa Alta Torales a 28 años de pena privativa de libertad.
• Condenar a Alberto Javier López Ayala a 18 años de pena privativa de libertad.
Trabajo del Tribunal
La sentencia se dictó tras una jornada de deliberación que se extendió durante varias horas luego de los alegatos finales.
El fallo también pone de relieve el trabajo del Tribunal de Sentencia de Amambay, que actualmente enfrenta una importante carga laboral al ser el único tribunal de sentencia activo de la circunscripción, atendiendo numerosas causas complejas y de alto impacto social.
A pesar de estas circunstancias, el Tribunal continúa desarrollando juicios y dictando resoluciones en causas graves, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la búsqueda de la verdad, la aplicación de la ley y la respuesta institucional frente a hechos de violencia criminal.
