 |
|
Rematan casa de G. 300 millones por solo G. 1 millón y desalojan a una madre antes de Navidad
El caso, calificado por su abogado como una "fotocopia de la mafia de los pagarés", ha generado indignación por las presuntas irregularidades procesales y el ínfimo monto de la adjudicación.
El origen del conflicto: La pandemia y el bloqueo de pagos
Perla adquirió la propiedad en 2019 mediante una cesión de derechos. El plan de pago consistía en 130 cuotas de G. 345.000. La mujer cumplió con el pago de 63 cuotas, pero durante la pandemia de COVID-19 comenzó a tener dificultades económicas.
Según explicó su abogado, Héctor Barreto, cuando Perla intentó ponerse al día, la empresa Arcallana S.A. (URBA Inmobiliaria) bloqueó los pagos exigiendo condiciones que ella no pudo cumplir en ese momento.
Un juicio "a escondidas" en Asunción
Sin que la mujer fuera notificada legalmente en su domicilio de Pedro Juan Caballero, en el año 2023 se inició un juicio ejecutivo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Asunción (11° Turno).
"Fue un juicio en el que la señora nunca tuvo conocimiento. El ujier notificó que 'no encontraba a nadie' y supuestamente pegó el aviso por la puerta, pero esa notificación nunca apareció", denunció Barreto.
El remate: De G. 300 millones a G. 1 millón
La propiedad, cuyo valor de mercado se estima en G. 300.000.000, fue subastada el pasado 12 de junio de 2025. Los detalles del remate son alarmantes:
Precio de adjudicación: Solo G. 1.000.000.
El comprador: Hugo Nicolás Azcona Ruiz, quien según su perfil profesional, es el Gerente de Legales de la misma empresa (URBA Inmobiliaria) que demandó a la mujer.
Sin depósito: En el acta del remate se dejó constancia de que el adjudicado no abonó el monto ni la seña, por ser el "acreedor de mayor monto".
Acciones legales ante el JEM y Fiscalía
La defensa de la afectada sostiene que se trata de un "negociado" donde jueces de Asunción se atribuyen causas que deberían tramitarse en la circunscripción de Amambay.
Ante esta situación, anunciaron que presentarán, acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de funciones de los jueces involucrados, y otra denuncia ante el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito contra la empresa.
Mañana viernes vence el plazo de 15 días otorgado para la desocupación. De concretarse el desalojo, Perla y sus tres hijos pasarán las fiestas de fin de año en la calle, habiendo perdido una inversión de años por apenas un millón de guaraníes.
Fuente: Última Hora - Amambay Digital
